El comercio justo llega hasta la ley de contratos en el sector público
El proyecto de ley de contratos del sector público incorpora por primera vez en España el concepto de comercio justo. Éste podrá servir, entre otros aspectos, como elemento a la hora de valorar las ofertas.
El comercio justo, es decir, el que asegura que los productores cobren sus salarios justos y que se respete sus derechos laborales, la igualdad de género o el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, comienza a adquirir categoría de ley. O al menos, a incorporarse a las leyes. Es el caso de la de contratos del sector público, que en la actualidad se tramita en el Congreso.
En su exposición de motivos explica que la norma incorpora 'sustanciales innovaciones'. Y, entre ellas, las que tienen que ver con la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas. La ley explica que se prefigura una estructura 'que permita acoger en el futuro pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un comercio justo con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo'.
Pero los agentes que trabajan en la divulgación y extensión del comercio justo quieren ir más allá. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) trabaja con los distintos grupos parlamentarios en el Congreso para tratar de conseguir que las referencias al comercio justo no sólo aparezcan en la exposición de motivos como una declaración de intenciones, sino que se traslade al articulado de la ley de forma que sea reconocible como forma de decidir o de primar determinados contratos públicos.
La coordinadora, que reconoce que la inclusión de la referencia al comercio justo en la norma de contratos públicos es un gran avance, trata ahora de que en la futura ley se refleje el papel del comercio justo como suministrador ejemplar para la compra pública ética.
Y quieren ir a más: 'El comercio justo ha experimentado un desarrollo mucho más notable y se han multiplicado las experiencias de su inserción en la contratación pública, por lo que consideramos que tiene que estar contemplado en un sentido más amplio en la futura ley de contratos', opinan. Los miembros de la coordinadora están ya en contacto con los grupos políticos para proponer posibilidades que culminen en una nueva redacción sobre el comercio justo, además de una descripción clara del concepto de este tipo de actividad y de sus formas de reconocimiento.
'También desearíamos que se introdujera como una condición de los contratos el cumplimiento de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, como exigencia mínima de respeto a las condiciones laborales por parte de las empresas', concluye la Coordinadora de Comercio Justo.
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Ley General de Urbanismo y Construcciones
Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo. Aprueba nueva ley general de urbanismo y construcciones (Publicado en el Diario Oficial el 13 de abril de 1976).
Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo. Aprueba nueva ley general de urbanismo y construcciones (Publicado en el Diario Oficial el 13 de abril de 1976).
El propósito es evitar la publicidad engañosa, como lo que ocurrió con las carreras de criminalística.
Fecha: Mié, 10/31/2007
Son 40 mil estudiantes afectados, todos pertenecen a alguna de las 17 universidades que imparten la carrera que actualmente no tiene desarrollo. Investigaciones, el Ministerio Público y la Defensoría Penal han asegurado que no tienen ofertas laborales de Perito y Criminalística para estos alumnos. Se han presentado demandas, pero lo más importante es que un proyecto de ley permitirá fiscalizar a los establecimientos educacionales. La ministra de Educación, Yasna Provoste, afirmó que "la única facultad que tiene el ministerio para poder cerrar carreras es cuando se altere la moral, las buenas costumbres y el orden público". Esto, porque cada vez que un centro de educación superior obtiene su autonomía deja de estar bajo la fiscalización del ministerio, en consecuencia, puede crear cualquier carrera. Gladys Garinao, del centro de alumnos de la UTEM, una de los centros de estudios perjudicados con estudiar esta carrera dijo que "es necesario no sólo para el tema de criminalística ahora. Si bien puede ser por un tema que salió en la prensa por nuestra carrera, creo que es muy necesario que se pueda ver cómo se regularizan las carreras en Chile". En tanto, Patricio Suárez del Instituto Profesional de Chile, reiteró su molestia de que "se siga lucrando, jugando con el futuro de muchos jóvenes. Hubo muchas familias de escasos recursos que con todo el esfuerzo se les pagaba la educación a sus hijos". El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sigue recibiendo las quejas de miles de estudiantes que se sienten estafados al haber escogido esta carrera.
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